El radical Marcelo Cossar consideró “indispensable” que la Legislatura exprese su “rechazo” a esa medida, y desafió al peronismo al manifestar que más allá de las diferencias que puedan tener unos y otros en Córdoba, debería haber consenso en no “pactar con los corruptos”.

“La preocupación excluyente es buscar la impunidad, pero la inmensa cantidad de los argentinos quiere lo contrario, que los que tienen que ir presos vayan presos, que se devuelvan lo que se robaron, que dejen en paz al periodismo, y que se dejen de manipular a jueces”, describió.

“Queremos que el Gobierno nacional impulse las causas”, porque “queremos vivir en una Argentina de derechos, de inclusión, de transparencia”, continuó.

A su vez, la legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Cecilia Irazuzta, dijo que el 10 de diciembre del año pasado “empezó un cuidadoso plan de impunidad”. “Este cuarto gobierno kirchnerista asumió con claras intenciones de la vicepresidente de lograr la impunidad”, señaló.

Como etapas de ese plan enunció: “la reforma judicial; la moratoria ajustada a Cristóbal López; la remoción de los tres jueces de Comodoro Py; y ahora la retirada de la Oficina Anticorrupción como querellante en las principales causas judiciales sobre corrupción”.