Las fiscales María Luz Castany y Mariela Labozzetta (esta última a cargo de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres – UFEM-), apelaron el fallo de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que “criminaliza” una práctica sobre la que ya se pronunció la Corte Suprema.

En tanto, la Fundación Mujeres x Mujeres denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a ambos jueces, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal, por haber llamado “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los profesionales de la salud que garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la niña.

El caso ocurrió cuando llegó a juicio la situación de una nena de 12 años que quedó embarazada por los reiterados abusos sexuales con acceso carnal que cometía contra ella su hermanastro, desde que la víctima tenía 6 años de edad.

Cuando quedó encinta, el hermanastro le propuso abortar pero la pequeña, asustada por la situación, contó lo que ocurría en el seno familiar.

El violador fue condenado a 35 años de prisión porque, además, se le sumó un caso de homicidio en el mismo juicio.

Las fiscales pidieron que se deje sin efecto la orden de “extraer testimonios” para que otro tribunal investigue a los médicos de un hospital público que practicaron el aborto.

La entidad de defensa de derechos de las mujeres, en tanto, denunció a los jueces por el “desconocimiento inexcusable del derecho en el ejercicio de la magistratura”.