“Hace un año, tras las elecciones y el cambio de gobierno, iniciamos una etapa con cambios, pero también con continuidades. La alianza Frente de Todos, con su heterogénea amplitud, asumió la gestión del gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, pero el macrismo continuó gobernando la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, Jujuy y Corrientes, además de algunas intendencias claves en la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata, más varias del conurbano, como Lanús, Vicente López y Tres de Febrero”, sostiene el documento.
“El caudal considerable de apoyo social que acompañó al gobierno al momento de su inauguración abría el camino a tomar medidas favorables en este sentido. Por eso, desde el minuto cero, incluso antes de la asunción del mando, exigimos al nuevo gobierno algunas medidas urgentes e imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar la militarización de los barrios y calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil y la criminalización de la protesta y el conflicto social, todas luchas compartidas a lo largo de la pesadilla macrista con buena parte de su base”, añade el texto.
Correpi resaltó la derogación de normas que habilitaban el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, de la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes (Programa “Ofensores de Trenes”), del Servicio Cívico Voluntario en Valores, de las Taser y de la creación del Centro de Formación de Gendarmes en la Unidad Turística Chapadmalal.
“Al término de 2019, cuando presentamos el balance final del período de gobierno de Mauricio Macri, destacábamos que, por primera vez desde 1983, una gestión había superado la marca de una muerte diaria a manos del aparato estatal. Hoy, con la inclusión de registros de 2019 ocurridos o conocidos después de esa publicación, se ratifica que la administración Cambiemos fue la más letal, con un promedio de 1,31 muertes por día. Dicho de otra forma, una muerte cada 18,34 horas. La gestión iniciada en diciembre de 2019 muestra un leve descenso, con 1,19 muertes por día -una cada 20,09 horas-”.
No obstante, la evaluación sigue siendo negativa, y en ese contexto la organización reclamó, entre otras medidas, la “eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones; prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio; prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha; eliminación de los ‘Comandos Unificados’ para la intervención conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad; prohibición de la asunción de la defensa técnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA y fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogados particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla”.
Además, exigió el “cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil”.
