“Los imputados por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos lograron que la Cámara de Casación Penal apruebe el traslado de la causa que lleva el juzgado federal N 2 de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py. Sólo el juez Gustavo Hornos votó en disidencia. La estrategia pretende consagrar la impunidad sobre los delitos cometidos”, advirtió la entidad.

El pronunciamiento se produjo después de un fallo parcial de la Casación que orienta el expediente hacia un nuevo juzgado. Previo a ello, la Cámara Federal de La Plata rechazó un planteo de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, por su presunta participación en el espionaje al Instituto Patria, argumentando que ya había sido investigada y sobreseída por ese episodio por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene su despacho en Comodoro Py 2002.

“La discusión en torno a la competencia de los diferentes juzgados federales donde se tramitan causas que investigan delitos por espionaje ilegal durante la gestión de  Cambiemos ha sido una constante desde que se denunciaron los primeros hechos. La estrategia fue y sigue siendo lograr que todas estas causas confluyan en los tribunales de Comodoro Py donde se espera un tratamiento que garantice la impunidad”, denunció el organismo humanitario.

“En un intento por frenar este avance, algunos de los imputados realizaron presentaciones en Comodoro Py para dar inicio a lo que sería una causa paralela que finalmente termine absorbiendo lo actuado en Lomas de Zamora. Aunque el pedido fue rechazado en una primera instancia, luego fue convalidado por la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal. Pero todo el proceso estuvo marcado por la ausencia de garantías procesales que lo convierten más en una acción política que judicial”, resumió en un documento.

La Comisión también advirtió “la particular trama delictiva conformada por diversos organismos estatales con el objetivo de producir inteligencia de carácter ilegal -que involucran a las máximas autoridades de la AFI, el Servicio Penitenciario Federal, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre otros funcionarios públicos- devela la grave violación de mínimas garantías y derechos humanos fundamentales, en particular, de las personas privadas de libertad”.