La ley, impulsada por la diputada provincial Liliana Toro, “faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, entes autárquicos nacionales, provinciales, universidades, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones internacionales y/o cualquier otro ente técnico especializado, a tomar crédito y a realizar las gestiones y erogaciones necesarias en el marco de la emergencia hídrica zonal”.

También “faculta a la empresa provincial de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a gestionar las contrataciones para la provisión de bienes, obras y servicios que las necesidades impongan exceptuándola de la aplicación de las leyes y reglamentaciones vigentes, siempre teniendo en miras el buen orden administrativo y los principios de transparencia y publicidad de los actos públicos”.

El presidente de SPSE, Nelson Gleadell, fue convocado por los legisladores en el marco del artículo 100 de la Constitución provincial y brindó un informe sobre el plan de contingencia diagramado para Caleta Olivia, informaron fuentes legislativas.

El funcionario informó las refacciones a realizar en la toma de agua de la planta de ósmosis inversa y un plan director a ejecutar con el Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) en la red de distribución y presurización para la provisión del servicio a los vecinos de Caleta Olivia, detalló el informe.

El diputado radical Daniel Roquel (UCR), del opositor bloque Nueva Santa Cruz, advirtió que los diputados del oficialismo “establecieron una emergencia que ya estaba vigente”.