La jueza Cecilia Gilardi de Negre fijó un “límite temporal de vigencia de la medida que se ordena”, la suspensión del cobro, por tres meses.

El empresario Nicolás Mc Loughlin había argumentado que el cobro del aporte extraordinario “resulta análogo e incluso idéntico y aún más gravoso que el del Impuesto sobre los Bienes Personales, produciendo una ilegítima duplicidad tributaria sobre una misma capacidad contributiva, que incluso desconoce exenciones que éste sí prevé para su cálculo”.

Según la presentación, se vulneró “el principio de razonabilidad” y que “la presión tributaria global que sufre su patrimonio producto de una gravosa superposición de tributos le irroga un claro, palmario e injusto perjuicio patrimonial”.

“Considero que el peligro en la demora se encuentra configurado en autos”, sostuvo la jueza, por lo cual le ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605 -vigente a partir del 18/12/20- y por ende de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial tendiente a exigirlo, determinarlo de oficio e intimarlo de pago”.