Luego de que la Cámara de Apelaciones porteña ordenara a la Ciudad de Buenos Aires que garantice las clases presenciales en su territorio, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se anotó una resonante victoria frente a la administración nacional en función a la gestión de algunos de los aspectos de la pandemia.

Es que ante la marcada diferencia de criterios entre los gobiernos porteño y bonaerense en relación a las restricciones por el ingreso de la “segunda ola” de coronavirus, el Presidente Alberto Fernández decidió intervenir de lleno y, a diferencia de las veces anteriores en donde los sentaba en la misma mesa para alcanzar acuerdos sobre medidas que afectaban a ambos distritos, resolvió en su lugar emitir una Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con una serie de “máximas” para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre las cuales se destacaba la referida a la suspensión de la presencialidad en las escuelas hasta el 30 de abril.

Tal y como era de esperarse, la Provincia de Buenos Aires la aceptó. La Ciudad, no -razón por la cual acudió a la Justicia pese a la reunión que se mantuvo con el propio Jefe de Estado para dialogar sobre ese aspecto en particular del DNU-.

Sin embargo y apenas 48 horas más tarde de los primeros cruces, la Justicia de la Ciudad finalmente dictaminó en contra de la resolución presidencial, a la vez que le solicitó al Máximo Tribunal para que intervenga en la cuestión.

“Si los alumnos de la Ciudad van a estar sentados en el aula es gracias al esfuerzo de una sociedad comprometida con la educación y el futuro. La educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad, lo que garantiza la libertad de elegir, lo que fortalece nuestra democracia. Por eso la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta, sino que nos tiene que ayudar a cerrarla”, expresó el alcalde porteño en una conferencia de prensa promediando la jornada del domingo al anunciar que las escuelas porteñas finalmente abrirían sus puertas el lunes.

Por tanto y pese a las advertencias de algunos gremios docentes, el Gobierno de la Ciudad ratificó que seguirá la presencialidad de toda la educación obligatoria, es decir, en nivel inicial, primaria y secundaria. No obstante, se determinó que las escuelas terciarias y los Centros de Formación Profesional van a funcionar de manera virtual, con lo cual se remarcó que más de 110.000 personas dejarán de circular.

“Se seguirá cuidando la entrada y salida de alumnos de las escuelas mediante los agentes de tránsito, los senderos escolares, los concientizadores y los inspectores. También los alumnos de la secundaria entrarán a los establecimientos de 7.30 a 8.30, como lo venían haciendo, mientras que los de escuela inicial y primaria lo harán después de las 8.30. Del mismo modo, ampliaremos el sistema Sube y Baja y reforzaremos los controles en el transporte público”, garantizó Rodríguez Larreta.

“Todas las decisiones están fundamentadas en los datos. De las 755.000 personas que vienen concurriendo a las escuelas, menos del 1% se contagió de coronavirus. Y de los contactos estrechos de esos positivos, solo contrajo el virus el 0,01%. La escuela no es un lugar de contagio”, agregó.

Desde el Gobierno nacional, por su parte, expresaron su ira no solo por el accionar del Jefe de Gobierno porteño, a quien acusan de atentar contra la salud pública dado el contexto actual, sino también contra la Justicia.

“Lo que hicieron es un estrago jurídico. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia”, expresó el propio Alberto Fernández en declaraciones radiales; “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos… La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, escribió por su parte en Twitter el ministro de Justicia, Martín Soria, entre otros de los funcionarios y dirigentes del oficialismo que expresaron su malestar tanto en los medios de comunicación como en sus cuentas de las redes sociales.

Ahora y mientras se esperan dos semanas de fuerte disputa política y judicial en relación a este asunto, se irán observando distintos escenarios en las escuelas de la Ciudad, ya que si bien existe un fallo judicial que avalan su apertura -por lo menos de momento-, algunas de ellas estarán impedidas de hacerlo por medidas de fuerza gremiales; otras continuarán con la modalidad mixta o semipresencial con la anuencia de los padres; y el resto hará como si nada hubiera pasado.

Por el lado estrictamente político, todo parecería indicar que la única manera en la que finalmente pueda quedar dirimida esta pelea sea cuando a fines de abril se cotejen los datos epidemiológicos de los últimos quince días para ver quién tenía la razón…