Con la certeza de que resultaría prácticamente imposible plantear la vuelta a una fase de confinamiento más estricta como la que se aplicó a principios de 2020 -salvo que se esté ante un escenario de colapso hospitalario-, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibirán en Casa de Gobierno a los enviados de los gobiernos porteño y bonaerense con el fin de acercar posiciones en relación a las nuevas restricciones que se anunciarán en los próximos días para contener el impacto de la “segunda ola” de coronavirus.
A diferencia de meses anteriores, hay unanimidad entre todas las partes de mantener la presencialidad de las clases, así como también de las actividades comercial e industrial. Sin embargo, desde la administración de Axel Kicillof se mostraron más proclives a que se impongan horarios para su funcionamiento -sobre todo en la actividad comercial- con el fin de que se limite la circulación de personas sólo a los horarios laborales (es decir, de 6 a 22 horas).
Desde la Ciudad, por su parte, coinciden en parte con esa apreciación aunque son conscientes que de aceptar eso resentirían a la ya vapuleada actividad gastronómica, la cual no volvería a resistir -al menos gran parte de ella- un nuevo cierre de sus persianas.
En ese marco, entonces, el Gobierno nacional tendrá la difícil de tarea de que las autoridades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) logren adoptar una postura en conjunto para antes del 9 de abril, fecha en la que estará venciendo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorrogaba el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), el cual volverá a ser ratificado por un nuevo período de tiempo -por estas horas inciertos-, y que debería contar previamente con la voluntad de todas las partes para hacerlo cumplir en sus distritos.
Por otro lado y saliendo de la particular situación del AMBA, en donde la heterogeneidad en relación a su extenso territorio y la densidad poblacional tornan dificultosa la implementación de medidas unánimes, hay otra cuestión que desde la Casa Rosada buscarán dejar en limpio en la antesala del nuevo DNU que entrará en vigencia a partir del próximo sábado: es que tomando justamente el caso del AMBA y tras el error de haber sometido gran parte del 2020 a que todas las provincias cumplan con las mismas restricciones por igual cuando algunas de ellas tenían un registro bajo de casos de la enfermedad, se buscará -tal como en los últimos Decretos- que cada territorio cuente con la potestad de adoptar las restricciones que considere necesarias -partiendo de una base epidemiológica para hacerlo-, y siempre en cuando no afecten la libre circulación nacional (es decir, no podrán disponer del cierre de rutas y aeropuertos).
