Con 53 votos positivos, ninguno negativo y 4 abstenciones, la Legislatura porteña autorizó al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a  poder iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus.

En efecto la iniciativa del Ejecutivo local, que previamente había sido analizada en las comisiones de Salud y de Presupuesto, establece los actos y documentos preparatorios, así como también las cláusulas de confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias; la jurisdicción de tribunales arbitrales y judiciales; y demás cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna contra la enfermedad.

Asimismo, se estableció que la adquisición de las mismas debe estar basada en “previo informe fundado de la autoridad sanitaria local” y se habilita al Poder Ejecutivo para “omitir o modificar la exigencia de garantías, fianzas, y/o cauciones, conforme el procedimiento previsto por la ley 2.095 y modificatorias (de compras y contrataciones en el sector público de la Ciudad), en los términos y condiciones establecidos en la ley nacional 27.573 (de vacunas)”.

La documentación y contratos, en tanto, deben ser considerados por la Procuración General y el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

A la vez, también se dispuso la creación en el ámbito parlamentario de la Comisión Especial de Adquisición de Vacunas -estará integrada por 5 legisladores-, a la cual el Poder Ejecutivo deberá informar cada 30 días sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad”, mientras que los diputados “adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.

En otro orden, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, comentó recientemente en declaraciones televisivas que el Ejecutivo de la Ciudad ya había realizado una serie de sondeos con tres laboratorios privados para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, pero que los mismos se negaron a negociar ante la falta de disponibilidad de dosis que hacen que hasta lleven a incumplir los compromisos de entregas pautadas para con sus principales compradores, que son los Estados nacionales.