“De haber contado con las Taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán. En diciembre del 2019, el actual Gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales, atando de manos y exponiendo a la policía. Tanto las Fuerzas Federales, como las provinciales, deben estar dotadas de pistolas Taser, capacitado el personal policial y establecidos los protocolos para su correcto funcionamiento. No hay excusas para que ello no suceda”, ejemplificó el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) sobre la iniciativa presentada en el Parlamento.

En ese sentido, mencionó que en la Argentina ya existían antecedentes en la regulación de las armas no letales y, por caso, recordó que en el año 2019 el Ministerio de Seguridad emitió la Resolución 395/2019, dictada por la entonces ministra Patricia Bullrich, mediante la cual se aprobaba y reglamentaba su uso. Sin embargo, añadió que esa normativa luego fue derogada por la actual administración, con lo cual se produjo un “vacío legal” en esta materia y la imposibilidad de proceder a su adecuado y correcto empleo.

“Nuestra iniciativa recepta la buena reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en el año 2019, pero además dispone, a fin de eliminar cualquier tipo de controversia respecto de las mismas, que sólo deberán utilizarse exclusivamente en situaciones en que hubiera estado justificado el empleo de una fuerza mayor o letal y siempre que no produjere un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”, remarcó Petri, quien además agregó que se prohíbe su utilización contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos, y en otros supuestos que no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación.

En concreto, el proyecto impone al Ministerio de Seguridad el deber de elaborar un informe anual, con la evaluación y el seguimiento respecto del uso de armas no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacional, el que deberá ser remitido a las Comisiones de Seguridad Interior de ambas Cámaras Legislativas del Congreso de la Nación con las recomendaciones respecto a las posibles modificación del marco normativo.

Por último, establece la obligatoriedad de contar con armas electrónicas no letales en todos los móviles policiales afectados a tareas de prevención y su disponibilidad en eventos, espectáculos o lugares de concurrencia masiva de público donde el uso del arma de fuego pueda suponer un riesgo a la vida de terceros.

“Es imprescindible aprobar dicha normativa para tener que dejar de lamentar hechos graves, sea por la utilización de armas de fuego o desistir del uso de la misma, dotando al personal de las fuerzas de seguridad de una alternativa intermedia que, de manera proporcional y racional, sea idónea para repeler una agresión, defender la vida de terceros o evitar la comisión de un delito”, completó el diputado radical mendocino.

Acompañaron también a la iniciativa con sus firmas los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Álvaro de Lamadrid, Julio Sahad, Pablo Torello, Adriana Ruarte y Francisco Sanchez.