A partir de la Decisión Administrativa 643/2021 del Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires finalmente estableció las pautas del aislamiento obligatorio que deberán seguir todas aquellas personas con domicilio en territorio bonaerense que salgan del país a partir del jueves 1° de julio.

A la vez, se aclaró que aquellos que hayan dejado el país previo a esa fecha, deben realizar 7 días de aislamiento obligatorio solamente en sus domicilios como ya estaba indicado.

En concreto, a partir de la fecha quienes salgan de la Argentina deberán completar una declaración jurada en la cual se asume el compromiso de efectuar al regreso un  aislamiento obligatorio de siete días: los primeros cuatro serán en hoteles habilitados por el Gobierno de la Provincia, en tanto que los tres restantes se llevarán a cabo en los domicilios particulares.

Previo a retornar al país, además, se tendrá que completar en el formulario electrónico de la Dirección Nacional de Migraciones los datos del hotel y del domicilio en el cual cumplirá el periodo de aislamiento.

Asimismo se determinó que para brindar asistencia a los pasajeros, habrá un puesto de información de la Provincia en los puntos de ingreso al país que se encuentran habilitados (aeropuertos de Ezeiza y San Fernando; y terminal fluvial de Puerto Madero).

En relación a los hoteles habilitados, se especificó que la administración bonaerense pondrá a disposición un formulario digital para que se inscriban aquellos que puedan garantizar paquetes de cuatro noches: los ingresantes podrán elegir entre los que se encuentren disponibles para este fin, publicados en www.gba.gob.ar, y tendrán a su cargo el costo del hospedaje y la movilidad hacia el mismo que podrá ser en vehículo propio o rentado.

Por último se advirtió que en el caso de que se detecte un incumplimiento en relación al aislamiento obligatorio, se labrará un acta y se realizarán dos denuncias: una penal por atentado contra la salud pública; y otra ante un Juzgado de Paz por infracción a la normativa provincial, que permite establecer multas de hasta 500 salarios básicos de la administración pública (más de 4 millones de pesos).