Luego de que el Gobierno nacional formalizara los requisitos para el retorno al trabajo presencial de los empleados de la administración pública para el mes de septiembre, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani, precisó que son unas 200 mil personas de reparticiones ministeriales y de organismos descentralizados los que podrán ser convocados a partir de ese mes.
“Se trata de una presencialidad programada que arranca el 1° de septiembre y que implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por personas y con armado de burbujas en muchos sitios donde la dotación nunca va a estar a pleno”, expresó la funcionaria en declaraciones a Radio con Vos.
Asimismo, indicó que la medida -que ya fue publicada en el Boletín Oficial- va específicamente a lo que es la administración pública nacional, cuya repartición estaba en una prioridad de trabajo remoto en un 60 por ciento, y que ya a esta altura un 40 por ciento estaba realizando tareas de manera presencial en los distintos organismos del Estado.
Sin embargo, recordó que lo que es el sector público nacional, en su conjunto, son aproximadamente 900 mil personas si se cuenta a las fuerzas armadas y de seguridad, pero que ese personal siempre estuvo en la presencialidad.
Por otro lado, Castellani comentó que se alternará trabajo presencial y remoto semanalmente en función de los días que definan las autoridades en cada repartición y, por caso, agregó que la disposición fue replicada de la que tomó el Ministerio de Trabajo con el de Salud para el sector privado. “Es decir, que en el sector público la condición en que vuelven con la primera dosis de cualquier vacuna con 14 días de aplicada y, obviamente, lo que tienen dos dosis también son convocables”, agregó.
Por otro lado, aclaró que aquellos que aún no se hayan vacunado por el motivo que sea, podrán hacerlo en una posta sanitaria que se instaló con el Ministerio de Salud, a la vez que mencionó que para aquellos casos en los que las personas insisten en su deseo de no vacunarse, dado que no es obligatorio, entonces tendrán que recibir las recomendaciones pertinentes de parte de los médicos laborales de cada repartición para disponer de todos los cuidados, y que además sean conscientes de la decisión que toman y los riesgos que ello implica.
“En esos casos, las personas deberán firmar una declaración jurada y trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto. Creemos que se trata de una proporción muy menor de la dotación”, concluyó la secretaria de Gestión y Empleo Público.
