La iniciativa presentada por la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) solicita un detalle de las acciones de inclusión social, laboral y atención en salud mental comunitaria que las jurisdicciones locales están llevando adelante en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación. Asimismo, se pide que el Ejecutivo informe sobre la existencia, datos y estado de funcionamiento de las casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas que estén actualmente en funcionamiento de los que tenga registro la autoridad de aplicación, así como también sobre el grado de adopción de los objetivos de la ley mediante planes de adecuación institucional por parte de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados o su sustitución definitiva por otros dispositivos alternativos, de los cuales tenga conocimiento la autoridad de aplicación de la ley.
En ese sentido, la legisladora remarcó que también resulta importante que el Gobierno nacional informe sobre cuáles son, en qué consisten y el estado de adopción de las recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de esta ley.
“Desde hace días venimos presenciando en los medios de comunicación todo tipo de análisis acerca de las adicciones y la salud mental como consecuencia de lo sucedido con el músico Santiago Moreno Charpentier. Este debate nos permite reflexionar sobre la necesidad e importancia de garantizar el respeto a los derechos de las personas con padecimientos mentales, entendiendo la salud mental como un proceso complejo y que reclama un abordaje multidisciplinario; destacándose con especial importancia la incorporación de las adicciones como parte de la asignatura”, enfatizó Carrizo.
Por otro lado, sostuvo que la ley en cuestión es un amplio catálogo de obligaciones y compromisos que el Estado nacional asume como parte de un programa de readecuación y ejecución de sus principios y que, sin perjuicio de esto, a más de 10 años de su sanción y 8 de su reglamentación, la ley de salud mental presenta un sinnúmero de desafíos relativos a su implementación y grado de cumplimiento, así como también sobre la eficacia de los mecanismos propuestos, muchos de los cuales hoy se desconocen.
“Previo a poner en debate la necesidad de modificar la ley 26.657, debemos conocer primero en detalle el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado y las provincias a través de esta ley, evaluando no solo las deficiencias normativas, sino en los actores involucrados en su cumplimiento y ejecución”, completó Carrizo.
Acompañaron a la iniciativa con sus firmas los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Gabriela Lena, Claudia Najul, Luis Pastori, Brenda Austin, Ximena García, Roxana Reyes, Federico Zamarbide, Alicia Fregonese, Albor Cantard, Lidia Ascárate, Gabriela Burgos, Lorena Matzen, Mario Arse e Ingrid Jetter.
