Cerca de 200 mil personas de reparticiones ministeriales y de organismos descentralizados volverán a la presencialidad con un esquema programado a partir del miércoles 1° de septiembre, dando de esta manera cumplimiento al Decreto que había sido emitido por el Gobierno en tal sentido a mediados de agosto pasado.

“Se trata de una presencialidad programada que arranca el 1° de septiembre y que implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por personas y con armado de burbujas en muchos sitios donde la dotación nunca va a estar a pleno”, había explicado la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani, en declaraciones radiales.

En concreto, la medida va específicamente a lo que es la administración pública nacional, cuya repartición estaba en una prioridad de trabajo remoto en un 60 por ciento, y que hasta estos días un 40 por ciento ya venía realizando tareas de manera presencial en los distintos organismos del Estado.

Sin embargo, lo que es el sector público nacional -en su conjunto- son aproximadamente 900 mil personas si se cuenta a las fuerzas armadas y de seguridad, aunque ese personal siempre estuvo en la presencialidad desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, aquellas personas que aún no se hayan vacunado por el motivo que sea, podrán hacerlo en una posta sanitaria que se instaló con el Ministerio de Salud, mientras que para aquellos casos en los que las personas mantengan su deseo de no inocularse -dado que no es obligatorio-, entonces tendrán que recibir las recomendaciones pertinentes de parte de los médicos laborales de cada repartición para disponer de todos los cuidados, y que además sean conscientes de la decisión que toman y los riesgos que ello implica.

“En esos casos, las personas deberán firmar una declaración jurada y trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto. Creemos que se trata de una proporción muy menor de la dotación”, había manifestado sobre esa cuestión la secretaria de Gestión y Empleo Público.

Por último, cabe mencionar que quedarán exceptuados de la medida aquellos empleados con inmunodeficiencias, categoría que comprende a los pacientes oncológicos, así como también con HIV, trasplantados y personas gestantes.