El diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) encabezó la presentación de un proyecto de ley mediante el cual se establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito.

En ese sentido, se indicó en la iniciativa que la finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo -agrega- este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario.

“Es necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”, manifestó el autor del proyecto, quien además remarcó que la Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo, al mencionar que la gran mayoría de los países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchas otras naciones.

Ante esta problemática, entonces, Petri consideró que los crímenes no pueden quedar impunes en la Argentina cuando quien los cometió comprendía la criminalidad del hecho, y que por tal motivo se debe dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, y que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar, y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas.