La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires le reclamó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que le revoque la concesión a Edesur y que a la vez le aplique sanciones a Edenor, tras los reiterados cortes en el servicio de energía eléctrica que se vienen registrando desde hace varios días en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectan a miles de usuarios en esa región.

Para el caso de Edesur, el organismo tomó en cuenta los cortes reportados desde fines del año pasado y el aumento de las denuncias en la Defensoría por la deficiente prestación. Esto, además, se suma a las multas aplicadas contra la empresa y las obras que nunca afirman que llevó adelante, por lo que concluyó que no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria.

A su vez, se tiene en cuenta el primer pedido que la Defensoría hizo en julio de 2020 para que le quiten la concesión a Edesur, la que verificó reiterados incumplimientos al pliego de concesiones en cada uno de los municipios del área de concesión, principalmente por fallas en el suministro eléctrico, y por falta de concreción de los planes de obras a los que la empresa se comprometió.

“Consideramos que se encuentran agotadas las instancias de diálogo con Edesur. Intentamos mediaciones, se promovieron acciones judiciales, realizamos reuniones en la Defensoría, pero la empresa sigue sin cumplir con la prestación adecuada del servicio público a su cargo en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad”, manifestó el ombudsman bonaerense, Guido Lorenzino.

Asimismo, el funcionario dijo que todos esos elementos configuran un estado de situación grave que los llevan a plantearle al ENRE que, de constatar todas las irregularidades denunciadas, sancione a Edesur con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de la concesión.

Por otro lado y en relación a Edenor, la Defensoría también cuestionó las actuaciones de la compañía durante los cortes registrados en los últimos días, al considerar que la prestataria continúa hasta la fecha sin realizar las obras necesarias para evitar interrupciones del servicio, y que además mostró una “deficiente atención” brindada a los usuarios al momento de la contingencia.

Por consiguiente, el organismo provincial le solicitó al ENRE una “profunda investigación” sobre estos hechos y, en caso de comprobar estos incumplimientos, que aplique las respectivas multas o sanciones previstas en los contratos de concesión.

“Sostenemos que el derecho a la energía configura un derecho humano. Es central el rol que cumple la energía para el desarrollo económico y social en nuestra sociedad, y que a su vez nos permite el goce de otros derechos también esenciales como el de la educación, la salud o, en términos más generales, a una vida digna”, enfatizó Lorenzino.