El Gobierno nacional anunció, tras varias idas y vueltas, que este jueves 3 de marzo enviará al Congreso el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de aproximadamente USD 45.000 millones que había tomado la administración de Juntos por el Cambio.

De esta manera, se elevará al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo: esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023. El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, manifestaron desde el Palacio de Hacienda por medio de un comunicado.

El acuerdo alcanzado, entonces, se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas, EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso, en tanto, se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI, mientras que el resto se hará luego de completarse cada revisión.

Por su parte, se especificó que el período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

“Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”, se remarcó.

Entre algunos de los aspectos salientes, el acuerdo con el organismo internacional de crédito no prevé ninguna reforma previsional; se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal; y se buscarán lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de “justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad.

De la misma manera, también hubo entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia, tales como potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales.