Desde el bloque opositor recordaron que el peronismo, antes de las elecciones provinciales del 2019, realizó una serie de cambios en las leyes, y consideraron que esas maniobras afectan las “reglas claras” para competir en las urnas por el poder.

El impulsor del proyecto, el alfonsinista Rossi, sostuvo que la provincia de Córdoba tiene una “pésima calidad institucional”.

“El Tribunal Superior de Justicia tiene tres miembros amigos del gobernador; no funciona la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público está a cargo de un ex funcionario del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad al poder; no hay PASO en la provincia; no funcionan el Consejo de Partidos Políticos ni el Económico y Social; la Legislatura funciona a merced de la abrumadora mayoría de Hacemos por Córdoba; y no hay diálogo con la oposición”, detalló.

“Además -cuestionó- cuando el partido de gobierno ve que corre riesgo su continuidad, no trepida en modificar las leyes electorales, tal como ocurrió tres veces antes de la elección del 2019”.

Rossi, además, recordó que los peronistas “llevan veinticuatro años en el poder y, como lo mencionan a diario los medios de comunicación, ven peligrar esa continuidad”.

“El proyecto busca establecer un compromiso de reglas claras, que debe ser asumido por todas las fuerzas que componen la Legislatura, a efectos de no modificar ninguna de las leyes referidas a los procedimientos electorales y electivos, fundamentalmente las leyes 9571 (Código Electoral Provincial), 9572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos) y 10.406”, afirmó. Pero aclaró: “Dejamos a salvo la posibilidad de establecer normas como ficha limpia, que busca mejorar los requisitos para ser candidatos”.