El diputado nacional Juan Martín (UCR-Santa Fe) encabezó la presentación de un proyecto de ley mediante el cual se busca modificar el Código Procesal Penal de la Nación con el fin de proveer de una herramienta concreta para reintegrar de manera inmediata propiedades ocupadas ilegalmente y poner límite a usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles privados y públicos.

La iniciativa, en efecto, prevé la restitución del terreno o inmueble en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil.

“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincia y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, remarcó el autor de la iniciativa.

En ese sentido, agregó que el accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles, que piensen en garantizar una Justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales.

“El déficit habitacional real y objetivo que nos interpela, no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes, como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente, siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado. En última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, enfatizó Martín.

Por tal motivo, dijo que resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la  documentación que acredita su propiedad.

Además, mencionó que el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años, y que no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, sobre las cuales afirmó que por momentos consienten y apañan ésta actitud delictiva.

“Nada justifica que se usurpen terrenos ni inmuebles, se trate de terrenos privados o propiedad del Estado. La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia sino de una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”, completó el legislador santafesino.

Acompañaron al proyecto con sus firmas los diputados de Juntos por e Cambio (JxC) Mario Negri, Miguel Bazze, Fabio Quetglas, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Gerardo Milman, Pablo Torello, Gabriela Lena, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini, Francisco Monti, Roberto Sánchez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Hugo Romero, Ximena García, Lisandro Nieri, Gustavo Bohuid, Marcela Coli, Juan Carlos Polini, Jorge Vara, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Miguel Nanni, Karina Bachey, Carolina Castets, Tito Stefani, Sebastián Salvador, Victoria Cornejo y Alberto Assef.