El pedido de un informe tuvo origen en que una fiscal del Tribunal de Cuentas acusó a un funcionario superior de ese organismo.

En concreto, el conflicto entre los poderes comenzó el 20 de septiembre, cuando la Legislatura de Chaco reclamó al Tribunal de Cuentas que dé precisiones sobre “la situación laboral y las medidas de protección adoptadas” en el caso de la fiscal Carola Ulrich, quien había denunciado que el fiscal relator Luis del Cerro la destrató durante muchos años, cuestionando su capacidad profesional y con expresiones denigrantes hacia su cuerpo.

De acuerdo con el diario Norte, el Tribunal de Cuentas respondió mediante un correo electrónico con un informe que apenas indicaba el inventario de actuaciones tomadas en distintos momentos de la situación, lo cual para la Comisión de Derechos Humanos es insuficiente.

El informe “no reproduce lo estrictamente solicitado por este Poder, sin contemplar la numerosa legislación vigente para estas circunstancias respecto a la perspectiva de género”.