Finalmente y luego de que lo anunciara por cadena nacional, el Presidente Alberto Fernández instruyó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, para que presente una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche con el fin que se investiguen los hechos vinculados un vuelo hacia esa ciudad y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento, en el cual se habría trasladado a jueces, funcionarios y empresarios.

El escrito, de acuerdo a lo informado por presidencia, fue presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas.

“Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido… Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido”, plantea la denuncia.

En la presentación, además, se indica que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo -agrega- evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

Por otro lado, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante.