Las autoridades de la Legislatura de Tucumán convocaron para el martes próximo a una reunión de Labor Parlamentaria para acordar los detalles del debate, según informó el diario La Gaceta.

El DNU que firmaron Osvaldo Jaldo y su Gabinete de ministros ya está en vigencia, porque es un atributo constitucional que tiene el titular del Ejecutivo ante situaciones de emergencia, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Provincial (desde que ingresa el DNU, la Legislatura tiene 20 días para expedirse sobre su validez).

“En caso que fuera ratificado o venciera el plazo establecido por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la Legislatura lo rechazare, será nulo de nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los efectos cumplidos con motivo de su aplicación inmediata, los que no generarán derechos adquiridos”, indica el artículo 101.

El oficialismo provincial, por su parte, cuenta con los votos necesarios para avalar la determinación que tomó el Poder Ejecutivo. De todos modos, buscarían contar con el mayor acompañamiento posible.

En caso de que las obras demoraran en comenzar -o de que las cosas no salieran del modo previsto- las consecuencias serían, como máximo, una disminución en la provisión de agua para ingenios y productores, y en un caso más extremo, de agua potable para los usuarios.