El proyecto indica que la Defensoría del Pueblo tendría a su cargo la organización del debate, con el asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos, y para ello se deberá redactar un reglamento, debiendo consensuarse los moderadores y los temas a abordar.

Al respecto, el legislador radical Dante Rossi sostuvo que “todas las acciones que puedan garantizar el derecho a la información fortalecen las condiciones mínimas de funcionamiento de nuestra democracia y el ejercicio ciudadano de la población que debe elegir a sus representantes”.

“Debatir ideas a partir de este mecanismo hace al fortalecimiento de la democracia y permite conocer a los candidatos y sus planes de gobierno que muchas veces están ocultos o poco visibles por la campaña publicitaria y los slogans”, continuó.

Para Rossi, en una provincia como la de Córdoba, que “tiene una baja calidad institucional, los debates públicos constituyen una práctica sumamente saludable para el sistema democrático”.