La normativa, que fue promovida por el diputado chaqueño Livio Gutiérrez y fue aprobada en la última sesión ordinaria, establece que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos se instalarán teléfonos públicos, los que deberán ser programados para reproducir al inicio de cada comunicación un mensaje pregrabado en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada.

En relación a los planteos sobre el uso educativo que le dan a la telefonía las personas privadas de su libertad, Gutiérrez aclaró que el objetivo es sostener la cuestión educativa y que son conscientes que se necesita tener internet en las cárceles, pero que sin embargo se puede controlar su uso.

“No creo que esta ley conculque derechos constitucionales, más bien creo que va a proteger a la gente buena que está todo el día trabajando y que está expuesta a demasiados delitos… Si bien los presos tienen que tener comunicación, también es derecho constitucional que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad de los reos”, agregó.