El proyecto indica la obligatoriedad de informar a las autoridades sobre la futura realización de una manifestación pública, en la que debe garantizarse que no habrá una interrupción de la circulación.

La legisladora Nadima Pecci explicó que busca priorizarse el diálogo por sobre el uso de la fuerza y que se permitiría, en caso de extrema necesidad, el uso de armas no letales, teniendo en cuenta la protección prioritaria de la vida, la integridad física y los bienes de personas ajenas a la manifestación pública.

El artículo 24 de la Constitución de Tucumán establece la obligación y el deber del Estado de regular la coexistencia de dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional: el de peticionar ante las autoridades y manifestarse públicamente y el de circular y transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita en el territorio nacional y provincial, por mencionar los que trata el presente proyecto.

Pecci manifestó que “en todo el territorio nacional, y en nuestra provincia en particular, es frecuente encontramos con grupos de manifestantes que toman posesión de calles, rutas y autopistas provinciales y nacionales, impidiendo al resto de los ciudadanos circular libremente, trabajar, estudiar y hasta recibir atención médica. Lo que propone intenta dar orden y armonizar la hoy caótica convivencia social, procurando que se respeten los derechos y las garantías constitucionales de todos los tucumanos”.