El conflicto deriva de la medida instrumentada por la totalidad de los médicos del servicio de ginecología del Hospital Regional de Río Grande, quienes se declararon “objetores de conciencia”, y por lo tanto no practican la IVE en ese establecimiento.

Una delegación de Amnistía Internacional viajó en junio a la provincia para realizar jornadas de concientización y para requerirle a la gestión del gobernador Gustavo Melella que garantizara el cumplimiento de la ley.

A raíz de ello, la Legislatura aprobó por unanimidad en la sesión del 12 de julio una resolución que exige al Ejecutivo la aplicación efectiva de la norma.

“La Legislatura le pidió al Ejecutivo que garantice el aborto en el Hospital de Río Grande. Aunque es ley, dicha institución, que está en la ciudad más poblada de la provincia, no lo hace por la objeción de conciencia”, recordó Amnistía a través de un comunicado divulgado en redes sociales.

Además, la entidad destacó que se haya reclamado al gobierno provincial la divulgación “con información clara” del contenido de la norma vigente, a través de “carteles y folletos en todos los centros de salud y mediante campañas masivas de difusión”.