Tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la implementación de un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, manifestó el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

En ese sentido, remarcó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga se encuentra amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte, y que además no existe norma que defina qué es una protesta.

“La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, enfatizó el dirigente, quien además acusó a Patricia Bullrich de decir cómo hay que hacer las cosas, pero que para eso tiene que haber antes un principio de legalidad.

“Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, completó Aguiar.