El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad y la “nulidad absoluta” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, al entender que el mismo se dictó con el objetivo de eludir la participación del Parlamento, y que a la vez viola la separación de poderes y el orden democrático.

“La decisión del Presidente de la Nación, Javier Milei, de modificar aproximadamente 300 leyes, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”, manifestó el ombudsman bonaerense.

De acuerdo a la presentación, el mencionado Decreto es “manifiestamente inconstitucional” porque el Poder Ejecutivo “usurpó” atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución. Además, se afirmó que “viola de modo flagrante” los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión.

“La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución”, se expresó.

Por otro lado, se recodó que el Defensor del Pueblo encuentra su legitimación en el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y que es el representante adecuado porque tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia, los cuales -se afirmó- se ven afectados por los múltiples temas que aborda este DNU.