Luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, intimara a la CTA Autónoma, la Federación Nacional Territorial y la Asociación Trabajadores del Estado, entre otras organizaciones sindicales y sociales, a abonar multas que ascienden a los $56.760.282 y los $40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente, desde la central que conduce Hugo “Cachorro” Godoy afirmaron que se trata de un acto de “persecución” y de “intimidación”
“Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”, cuestionó la CTA Autónoma por medio de un comunicado.
En ese sentido, comentó que ya realizaron las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar esas intimaciones, así como también ante la OIT por la inconstitucionalidad del “Protocolo Antipiquetes”.
“Desde la CTA Autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, enfatizaron.
Poor otro lado, la CTA Autónoma ratificó la convocatoria al paro y movilización del 24 de enero motorizado por la CGT para exigir al Congreso de la Nación que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de “Ley Ómnibus”.
