La Legislatura de Neuquén sancionó, por mayoría, la ley 3426 que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia por un plazo de tres años, prorrogable por igual período.
Se trata de una iniciativa que había sido elevada por el gobernador local, Rolando Figueroa, por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para hacer frente a la crisis del sistema, la falta de infraestructura de servicios, y la superpoblación carcelaria.
Por su parte, el diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad) sostuvo que la situación carcelaria en la provincia es “sumamente grave”, al tiempo que denunció que como consecuencia de la superpoblación de las cárceles se utilizan en la actualidad las comisarias para alojar personas detenidas y condenadas. “Debemos dar una respuesta para quienes hayan cometido un perjuicio a la sociedad lo paguen, pero en condiciones dignas”, apuntó.
Desde el bloque Cumplir, en tanto, Alberto Bruno señaló que la medida permitirá afrontar las condiciones de hacinamiento, a la vez que pidió por una ley de emergencia en seguridad y ponderó la concurrencia de funcionarios de la cartera de Seguridad a la Comisión de Hacienda para brindar informes de manera semestral.
A su turno, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) aseguró que “el Estado no está funcionando” y, por caso, mencionó las elevadas estadísticas provinciales en femicidios, homicidios, robos y hurtos, con lo cual solicitó avanzar en una ley de emergencia en seguridad para dotar de mayores recursos a la policía neuquina. Asimismo, reivindicó la necesidad de endeudarse en dólares para la realización de obras de mediano y largo plazo.
Por otro lado y al argumentar su voto negativo, la diputada Lorena Parrilli (FdTN) cuestionó el endeudamiento en moneda extranjera y dijo que se trata de una práctica habitual del actual gobierno provincial; mientras que su compañero de bloque, Darío Martínez, criticó la falta de precisiones en cuanto a las tasas y plazos del endeudamiento y dijo que, de acuerdo al informe de la cartera de Seguridad, las necesidades carcelarias se podrían cubrir con 22 millones de dólares y no con 50 como lo plantea la ley.
