El Ministerio de Justicia de la Nación comunicó que, de acuerdo al resultado arrojado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el fin de que se puedan reducir los costos y eliminar trámites burocráticos, se llevarán adelante las siguientes medidas: en primer lugar se confirmó que se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y que luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos, al tiempo que se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Además, se dispuso que se elimina el Certificado de Transferencia Automotor (CETA); y que lo propio se haga con la “cédula azul”, con lo cual significará que partir de mayo cualquier persona podrá circular dentro del territorio nacional con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
De la misma manera, también se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Por otro lado, se revolvió que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. En ese sentido, se aclaró que la cartera de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los encargados de los Registros.
A la vez, se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos; y se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales para reducir el costo de las operaciones registrales, que ascienden hasta el 70% del costo total de una trasferencia.
Dentro de las novedades, también se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación directa de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos diez años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Finalmente, entre las novedades se confirmó que se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales; que se derogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos; que se digitalizará la verificación policial de vehículos (en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales); y que se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de trasferencias y/ o patentamientos”, se agregó en la comunicación difundida por la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
