El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria que había sido declarada el 10 de abril pasado, luego de que el Gobierno nacional aprobara el “refuerzo” de partidas tras las negociaciones que mantuvo días atrás con las autoridades de la alta casa de estudios.
Si bien señalaron que este presupuesto se encuentra destinado, exclusivamente, al funcionamiento operativo de la institución, de todas formas remarcaron que continúa la preocupación por la cuestión salarial, de investigación e infraestructura.
Según se desprende entre los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado, y que las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023; y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial.
A la vez, en la resolución se explica qué “las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”.
Por otro lado y como parte de la misma resolución, el Consejo Superior de la UBA también declaró “el estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial, manifestando la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.
Finalmente, se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
