El Gobierno nacional dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 180 días corridos, período que podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez.
En ese mismo acto, además, designó como su interventora a María Julia Cordero -ya venía cumpliendo funciones desde la administración anterior en la Junta de Seguridad en el Transporte-, quien tendrá las siguientes facultades: elaborar y elevar a la Secretaría de Transporte un informe sustanciado del estado de situación del organismo a su cargo; evaluar la actual estructura de la ANAC y determinar una reorganización funcional y operativa; evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo; desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR); implementar el sistema de autoridad delegada de aviación en la República Argentina, conforme lo establecido en la legislación vigente; e implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.
Cabe señalar que las facultades determinadas son solo enunciativas y no limitan en modo alguno las funciones de la interventora que versen sobre otros aspectos relacionados a acciones de auditoría, sanciones y/o a cuestiones vinculadas a aspectos económico-financieros de la ANAC.
Finalmente y de acuerdo a lo argumentado entre los considerandos de la medida, “resulta necesario llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación del organismo y promover una reorganización funcional que permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado”.
