La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura porteña llevó adelante una reunión que contó con la presencia del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; y de otros funcionarios, para abordar el Acta Acuerdo firmada entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se transfirió a la administración de Jorge Macri la competencia exclusiva para regular, controlar y fiscalizar el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera dentro de su jurisdicción (esto incluye la fijación de tarifas, la planificación de los servicios y la concesión de permisos).

Cabe señalar que dicho acuerdo tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional 26.740, que reconoce la autonomía de la Ciudad para gestionar estos servicios. A la vez, se establece un periodo de transición para la implementación total de las competencias, así como la colaboración entre las partes mediante convenios específicos.

Por su parte, el Gobierno Nacional se compromete a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en la Resolución Nacional 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación; y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las Comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del Decreto Nacional 84/09.