El Gobierno publicó el decreto por el cual declara sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas

El Presidente Javier Milei firmó un decreto por el cual se declaró a la compañía de bandera sujeta a privatización. De esta manera, se le asignó trámite parlamentario de preferencia a los proyectos que tuvieren por objeto ese cometido. Por Cuarto Intermedio

Tal como lo anticipara días atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto (N° 873/2024) por el cual declaró sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.

De acuerdo a lo expresado entre los considerandos de la medida, se recordó que por medio de la Ley N° 26.412, el Estado Nacional procedió al rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A., y de sus empresas controladas y que, pese a las buenas intenciones que podrían haber sustentado la sanción de esa norma, luego de 16 años de la estatización de la compañía los objetivos propuestos no fueron concretados.

Por caso, mencionó que a lo largo de ese período la empresa presentó “marcadas” pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa y que, a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta.

En ese sentido y tal como lo mencionara Adorni en conferencia de prensa, la compañía de bandera posee una estructura “sobredimensionada” que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, lo cual se traduciría en casi 15 pilotos por cada avión operativo.

“Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”, había mencionado.

Es por ello que a partir de este decreto, desde la Casa Rosada se le asignó trámite parlamentario de preferencia a los proyectos que tuvieren por objeto aprobar una declaración de “sujeta a privatización”.