Luego de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dejara una nota en la mesa de entradas de la Rectoría de la Universidad de Buenos Aires (UBA) mediante la cual notificó que iniciará los trabajos de auditoría, las autoridades de esa casa de estudios realizaron una conferencia de prensa en la que se exhibieron las últimas auditorías presentadas por la institución, a la vez que presentó la propuesta para una nueva instancia de auditoría extraordinaria independiente.
En ese marco, su rector, Ricardo Gelpi, consideró que la SIGEN no posee las competencias para auditar a las universidades, aunque remarcó que eso no significa que se oponen a las auditorías, sino todo lo contrario. “Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones”, dijo.
A la vez, los secretarios de Hacienda y General, Matías Ruiz y Juan Alfonsín, respectivamente, detallaron las diversas auditorías regulares a las que se somete la UBA, y expusieron los fundamentos legales de la reciente presentación ante la Justicia en relación con la competencia de la SIGEN en los procesos de control de la Universidad.
“La UBA ya es auditada por todos los organismos previstos por las leyes vigentes y rinde cuentas de todos los fondos que recibe y ejecuta, es uno de los entes más controlados y auditados del sector público. De ningún modo nos oponemos a las auditorías, pero siempre dentro del marco de la ley”, manifestó Ruíz, quien además explicó en detalle las múltiples instancias de auditoría y rendición de cuentas en las que participa la UBA, tales como la Auditoría General de la Nación.
“Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto, ya que recibe la información presupuestaria financiera y contable en tiempo y forma. Nunca, en toda su historia, la UBA se ha negado a ser auditada”, agregó el secretario de Hacienda.
A su turno, Alfonsín detalló la reciente presentación judicial emprendida por la UBA el viernes pasado, en la que se solicitó una acción declarativa de certeza para definir las competencias de control interno sobre las universidades y se pidió la inconstitucionalidad de cualquier intervención del Poder Ejecutivo y la SIGEN. Por otro lado, comentó que se pidió una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo y la SIGEN se abstengan de realizar acciones de intervención en la Universidad, ya que carecen de competencia para ello.
“La UBA nunca ha cuestionado su cumplimiento de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Estamos en esta controversia precisamente por respetar la ley”, planteó el secretario General de la UBA, quien sin embargo aclaró que acatarán de manera irrestricta la resolución judicial, “ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos”.
