Tal como lo anticipara el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional dispuso la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), el cual había sido creado durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner en el 2012.

La medida, de acuerdo a lo argumentado, refuerza la intención de proceder a la disolución de los fondos fiduciarios públicos y se concreta tras un informe de la Sindicatura General de la Nación en el cual se observaron fallas en el funcionamiento de PROCREAR.

En concreto, el mismo reveló la demora en la entrega de viviendas y locales, que generó grandes gastos, a la vez que se registraron numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas y fallas en la actualización de los manuales de procedimiento.

Además, en la norma (Decreto 1018/2024) también se destaca que “la no interferencia del Estado en la locación de inmuebles tiene un efecto positivo en la ciudadanía, dado que la menor intervención estatal favorece no solo la reducción de los precios de las locaciones urbanas, sino también una mayor oferta de propiedades en alquiler”.

Por otro lado, se resolvió fomentar la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta, al tiempo que se autoriza al Ministerio de Economía a celebrar un contrato con el Banco Hipotecario en el que se prevea la continuidad de la gestión de los créditos que tiene el Fondo (esta medida, por ejemplo, permitirá que las personas que hayan accedido al programa puedan continuar pagando las cuotas al Banco Hipotecario y, de esta manera, tengan garantizada su vivienda).

En tanto, se aclaró que aquellos inmuebles de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario del PROCREAR, no afectados a obras con contratos de locación de obra vigentes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, podrán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).