Tal como lo anticipara en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP).
Vale recordar que dicho Fondo había sido creado en 1997 para desarrollar microempresas a través de líneas del crédito y capacitaciones sobre el acceso y uso de los servicios financieros. Sin embargo y de acuerdo a lo argumentado oficialmente, a lo largo de casi tres décadas de existencia estuvo lejos de lograr los resultados buscados y evidenció, sobre todo en los últimos años, una mala administración de los recursos públicos a su cargo.
En esta línea, se indicó que una Auditoria de la SIGEN puso en evidencia las “significativas falencias” que tenía el Fondo en su administración, tales como la ausencia de un esquema de promoción al financiamiento de MiPyMEs, y la falta de mecanismos específicos para la definición y seguimiento de los objetivos.
Además, se observó un incumplimiento respecto a las inversiones realizadas y una “clara debilidad” institucional y logística para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, entre otras cuestiones.
Finalmente, se remarcó que el FONCAP representa un gasto para el Estado de 100 millones de pesos mensuales entre costos directos e indirectos y los sueldos de sus veintiseis empleados; y que desde el mismo sólo efectuaron veinte préstamos entre enero 2022 y diciembre 2023.