La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno nacional la anulación de los exámenes de idoneidad en la Administración Pública a través de una nota formal remitida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso. Además, no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar”, manifestó al respecto el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.
El dirigente, además, consideró que el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura, así como también que no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar, y que tampoco no pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales.
“No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo”, sostuvo.
Finalmente, Aguiar agregó que se pretende revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. “Esta idea macabra que lo que hace es reprecarizar a los trabajadores debe ser dejada sin efecto”, completó.
Desde ATE, en tanto, señalaron que hasta el momento los únicos detalles oficiales que dio a conocer el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto 695/2024, el cual -afirmaron- no brinda precisiones sobre modalidades de evaluación o los softwares que se utilizarán, lo cual pondría en riesgo la transparencia y la seguridad de los exámenes.
A la vez, recordaron que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional, y que con el SEP se estará sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.
