La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, el cual promueve agilizar los procesos penales en la provincia, profundizando para ello las reformas al sistema procesal penal iniciadas en los últimos años bajo la consigna de otorgar mayor agilidad, transparencia, precisión y credibilidad.
En efecto, la iniciativa consiste en modificar la Ley Nº 6730 (Código Procesal Penal), que tiene básicamente por objetivo mejorar los tiempos y las dinámicas en la resolución de causas penales, centrándose para ello en la etapa de la investigación penal preparatoria.
Por su parte, los cambios propuestos se basaron en modificar una serie de artículos de la normativa legal mencionada y realizar agregados con artículos para permitir la continuidad rápida y que los procesos “no se eternicen”. En ese sentido, se promueve sustituir los artículos 22, 201, 346, 347, 350, 355, 360, 361, 466, 481, 482; e incorporar el artículo 362 bis.
De esta manera y al retomar sobre cómo se dan los procesos en la actualidad, se explicó que se puede establecer “la división del proceso en dos etapas bien demarcadas, investigación penal preparatoria, por un lado y juicio propiamente dicho por el otro, perfeccionándose con el objeto de establecer con claridad los roles de los sujetos procesales”. En tanto -añade- que “la primera se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante las investigaciones y recolección de pruebas necesarias”, y que “la segunda está dirigida al desarrollo del debate oral en el cual el acusador y defensa dirimen la situación ante el órgano jurisdiccional a fin de que éste último se encuentre en situación de dictar la sentencia definitiva”.
“Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene por objeto consolidar una Justicia más eficiente, transparente, ágil y confiable para todos los mendocinos. Desde el 2016 que este Gobierno tiene como eje central las políticas públicas de seguridad y Justicia como pilares fundamentales. Se han implementado más de 20 leyes en este eje y reformando todo el sistema judicial”, manifestó al momento del debate el titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Franco Ambrosini (UCR).
Asimismo, explicó que hay dos ejes centrales en la reforma. “Uno de ellos, es que ciertas resoluciones, que sean apelables, no van a generar efectos suspensivos. Esto quiere decir que la investigación va a continuar y las apelaciones van a ser resueltas por una cuerda separada de la investigación. Y el otro eje importante, es el rol del Ministerio Público Fiscal”.
A la vez, agregó que este último tendrá un rol “trascendental” porque cuando haya discrepancia entre el juez de garantía en la investigación penal preparatoria y el fiscal, quien va a resolver es el Ministerio Público Fiscal. “Los mendocinos nos exigen un sistema rápido, eficaz y confiable. Un sistema donde las víctimas sientan que sus derechos son protegidos y donde los acusados sepan que serán juzgados dentro de un marco de absoluto respeto, garantizando las garantías constitucionales y convencionales”, completó el legislador provincial.
