La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron un escrito ante la Justicia para reclamar que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa administrativa contenida en las Resoluciones 2024-2431 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), por las cuales se cercena el libre acceso a la medicación y los tratamientos de jubilados y pensionados afiliados al PAMI, argumentando que se “vulneran sus derechos a la vida y a la salud, reconocidos en la Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos”.

Por tal motivo, las centrales obreras solicitaron con carácter “urgente” el dictado de una medida cautelar de “no innovar” para que el instituto mantenga las prestaciones y las situaciones previas al dictado de estas resoluciones, hasta tanto se emita la sentencia de fondo, con el objeto de resguardar provisoriamente la salud de los afiliados a ambas CTA y al PAMI.