El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la decisión del Gobierno nacional de no renovar los alcances de dos decretos por los cuales se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos.

De acuerdo a lo expresado por el funcionario, esta prohibición era nociva por varios motivos dado que, al deprimir el precio local de los desechos, desincentivaba el reciclado y además prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía tales como el de los cables de cobre desechados por las telefónicas, ya que -afirmó- tienen un activo mercado para reciclado en el exterior y no podían exportarse. “En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, mencionó a través de su cuenta de X.

Asimismo, Sturzenegger remarcó que esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían “centenas” de negocios de valorización de residuos.

Finalmente, recordó que la norma original había sido dictada en julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días pero que, “como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente”, se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (presidencia de Cristina Fernández de Kirchner); 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (presidencia de Mauricio Macri); y 1040/20 y 70/23 (presidencia de Alberto Fernández).