El Gobierno nacional instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial relacionadas con el caso $LIBRA.
Para tal fin, se creó -en el ámbito del Ministerio de Justicia- la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), la cual tendrá por objeto recabar la información relacionada con el criptoactivo denominado $LIBRA, con el propósito de colaborar de forma “rápida” y “expedita” con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo a lo estipulado en la medida, serán funciones de la UTI requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional; solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, de estados extranjeros y/u organismos internacionales; y recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el mencionado criptoactivo.
De la misma manera, también deberá convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones; recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente; y denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados.
“La información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada. La Unidad no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”, se aclaró entre uno de los artículos del Decreto.
Finalmente, se resolvió que la cartera de Justicia proporcione el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones de la UTI, por lo que su funcionamiento no generará erogación alguna (una vez concluida su tarea, se tendrá por disuelta).
