El Gobierno nacional creó la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), organismo autárquico que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud, y tendrá la facultad de analizar, de manera integral y comparativa, el valor y la contribución de los nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos a la mejora de la salud.

En ese sentido, será el encargado de evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización.

Respecto a su funcionamiento, el organismo trabajará de manera articulada y complementaria con la ANMAT, y se encargará de determinar la oportunidad, el modo y uso apropiado de una tecnología, y la documentación necesaria, mecanismos, aranceles y criterios de priorización de los procesos de evaluación.

“Si bien el beneficio clínico será un elemento clave en la evaluación, también tendrá en cuenta criterios de calidad, eficacia, seguridad, eficiencia, equidad, valorización ética, médica, económica y social para determinar el costo-beneficio de la incorporación de la nueva tecnología”, explicaron desde la cartera que conduce Mario Lugones.

Por otro lado, la ANEFiTS también buscará ordenar y simplificar el entramado de normas que conforman el marco regulatorio vigente, eliminando la superposición de organismos, así como también la duplicación de funciones y la burocracia innecesaria.

Con ese objetivo -de acuerdo a lo dispuesto- absorberá las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) y del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS); y concentrará la totalidad de las competencias en materia de evaluación de tecnologías a fin de evitar pronunciamientos contradictorios, discrecionalidad en la toma de decisiones y el dispendio de recursos.

Finalmente, la flamante Agencia colaborará con la reducción de la judicialización de la salud, al argumentar que el sistema actual permite que se impongan tratamientos de altos precios al Estado sin un análisis técnico previo, que son trasladados a los contribuyentes.

“Mediante criterios científicos y económicos claros, la nueva agencia establecerá qué tratamientos se deben financiar con recursos públicos, evitando fallos judiciales arbitrarios no basados en evidencia científica que distorsionan el sistema”, se afirmó.