El inicio de clases trajo aparejado nuevamente una gama de conflictos en las provincias, que expresan las disparidades del federalismo argentino y las paradojas del financiamiento educativo. Por Axel Rivas.Director del Programa de Educación de CIPPEC.
(Cuarto Intermedio – 11 de marzo de 2009)- La comparación entre jurisdicciones resulta inevitable para contextualizar los paros docentes, llamando la atención acerca de los factores estructurales que explican las desigualdades educativas persistentes.El punto de partida positivo en materia de inversión educativa se expresa en la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que establece la meta de destinar a Educación, Ciencia y Tecnología 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010, partiendo de una base de 4,5% en 2005. Esta gran conquista legal, que reconoce el carácter estratégico y prioritario de la inversión educativa, se viene cumpliendo en los hechos. CIPPEC realiza un monitoreo de la LFE y, si para el año 2007 la meta gradual hacia 6% del PBI era de 5%, se logró un sobrecumplimiento al asignarse 5,4%.
Esto implicó un importante incremento de la inversión educativa. Entre 2005 y 2007 el presupuesto educativo consolidado (de la Nación y las provincias) pasó de $23.400 a $43.800 millones. La consecuencia fue un crecimiento de 79% en términos nominales y del 33,6% real (considerando fuentes alternativas al INDEC).
Sin embargo, la situación en las provincias es dispar, ya que existen enormes desigualdades en la inversión por alumno, desde los $7.171 que invierte Tierra del Fuego por año por alumno a los $1.497 que destina Salta. La principal causa de estas disparidades se explica por un federalismo fiscal, basado en la Coparticipación, extremadamente injusto y arbitrario. Así, algunas provincias tienen los recursos fiscales por habitante de un país desarrollado y otras cuentas con recursos similares o más bajos a la media de América Latina.
El caso de la provincia de Buenos Aires (PBA) es el más grave de todos, ya que tiene el Estado más pobre del país, en términos de recursos fiscales por habitante, como consecuencia de ser muy perjudicada por la Coparticipación. Así, la PBA realiza el mayor esfuerzo financiero por la educación (destina 35% de su presupuesto a educación, frente a un promedio de 24%) y tiene una inversión por alumno por debajo del promedio provincial. Los salarios docentes reflejan estas desigualdades. Es clave analizar comparativamente a las provincias en términos del monto del salario docente (el salario más alto lo pagan Santa Cruz y Tierra del Fuego, el más bajo Formosa y Misiones), en su evolución desde 2001 hasta la actualidad (las que más aumentaron fueron La Pampa y Chaco, las que menos lo incrementaron fueron La Rioja, Santiago del Estero y San Luis) y en términos del esfuerzo que implica el salario docente en relación con los recursos fiscales por habitante en edad escolar (la que mayor esfuerzo salarial realiza es la PBA y la que menor esfuerzo hace es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Estas disparidades permiten entender mejor qué conflictos pueden tener mayor o menor justificación. Aún así, la metodología del paro docente, en un contexto de incremento significativo de la inversión educativa, no pareciera ser la mejor herramienta de negociación, especialmente ante los grandes desafíos que implica el buen uso de esos crecientes recursos para garantizar el derecho a la educación a través de la política educativa.