En la Legislatura de la provincia de Córdoba se sancionó, casi por unanimidad, la llamada ley antimotines que prevé cesantías o exoneraciones del personal de seguridad ante casos de insubordinación, entre otras cuestiones.

La ley estipula sanciones para cuando más de dos uniformados cometan “insubordinación, abandono del servicio, adopción de medidas contrarias a la normal prestación del servicio o que perjudiquen al mismo, reclamo hostil y/o tumultuoso, o afectación del prestigio de la institución”.

Votaron a favor el bloque oficialista Unión por Córdoba, el aliado unipersonal de Consenso Córdoba, el Frente para la Victoria, y los opositores Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Unión-PRO y Partido Socialista.

En contra lo hicieron la integrante del Frente de Izquierda y el de Encuentro Vecinal Córdoba.

La ley de antimotines policiales es una señal que De la Sota -y junto a él los partidos que aspiran a ocupar ese lugar a fines del año que viene-, le envía a los policías que el 3 y 4 de diciembre pasado pusieron en jaque la estabilidad del gobierno provincial.

Al mismo tiempo, es un mensaje a la sociedad para tratar de reinstalar a De la Sota como un gobernador activo en los problemas de Córdoba, y menos ocupado en su sueño presidencialista, ya lejano.