La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado Argentino un informe sobre la situación del destituido juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, quien objetó su remoción del cargo ante esa instancia jurídica internacional.

El tribunal remitió con fecha 25 de febrero una notificación en la que anunció el pedido para que “el gobierno de Argentina”, en un plazo de “tres meses”, presente “sus observaciones conforme el artículo 30 del Reglamento de la Comisión”.

Ese artículo es el que establece que “la Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos”, previo a pronunciarse sobre la “admisibilidad del reclamo”.

“La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”, aclara la nota de la Comisión, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed.

Tiscornia fue destituido en diciembre de 2007 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que lo encontró responsable de “mal desempeño en sus funciones”. El 9 de agosto de ese año, el Consejo de la Magistratura había suspendido y enviado a juicio político a Tiscornia a raíz de irregularidades detectadas en su juzgado, entre ellas, un supuesto pedido de coima a una empresa de juegos de azar para beneficiar a sus directivos en un fallo.

Poco antes, Tiscornia había llamado a indagatoria a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, por supuestas maniobras defraudatorias en una operación de compra-venta de pertrechos militares.