El juez federal Sergio Torres deberá investigar el posible delito de “trata de personas” en un departamento “privado” de esta Ciudad donde seis mujeres, en situación de vulnerabilidad, ejercían la prostitución aunque las presuntas víctimas declararon que lo hacían “voluntariamente” por formar parte de una “cooperativa”.

La Sala Segunda de la Cámara Federal resolvió una cuestión de competencia que se había planteado entre el magistrado Torres y su colega a cargo del juzgado de instrucción ocho para intervenir en esta causa iniciada por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En la causa se deberán investigar los hechos ocurridos en el lupanar que funcionaba en un departamento del cuarto piso de un edificio de la avenida Nazca de esta ciudad, donde se constató que “seis mujeres mayores de edad brindaban servicios sexuales a cambio de dinero y otra ejercía el rol de ‘encargada’ del lugar”.

Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun evaluaron que “a partir de la marcada relación entre el delito de trata y el proxenetismo, resulta necesaria una rigurosa investigación de todas las manifestaciones de este último fenómeno para poder lograr un ascenso en la cadena de la organización criminal que lleve a desbaratar circuitos de trata de personas, en este caso, con fines de explotación sexual”.

“Adquiere relevancia respecto de esta cuestión la circunstancia señalada en el informe mencionado, con relación a que una de las mujeres que se encontraba ausente por enfermedad, llegó durante el allanamiento para entregarle a la imputada, un certificado médico”, lo que echaría por tierra la hipótesis de la supuesta “cooperativa”.

Los jueces tampoco ignoraron que algunas de las mujeres que allí ofrecían sus servicios “se encontraban en situaciones de vulnerabilidad (graves enfermedades de parientes cercanos, hijos a su exclusivo cargo, entre otros)” y se basaron en informes de profesionales de la salud mental que daban cuenta que las víctimas mostraban “una naturalización de su prostitución, se configuran factores facilitadores para la captación y explotación sexual”.