Un empleado “infiel” de la UDAI San Miguel de la Administración Nacional de Seguridad Social que cobró a una mujer para realizarle los trámites jubilatorios y falsificó la documentación para esos fines, quedó en los umbrales de un juicio oral y público en el que podría ser condenado a más de seis años de prisión.

La Sala Cuarta del máximo tribunal en materia penal del país ratificó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Dos de San Martín que, el 28 de agosto de 2013, rechazó un pedido de suspensión del juicio a prueba (“probation”) efectuado por la defensa de Bruno Bortolotti, acusado de defraudación a la administración pública, falsificación de documentos y exacciones.

Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, con la disidencia -por cuestiones procesales- de Juan Carlos Gemignani; resolvieron compartir la posición del fiscal, quien se había opuesto a la concesión de la “probation” por la condición de “funcionario público” del imputado a quienes la ley veda ese beneficio y exige que la causa se dirima en juicio oral.

“A partir del análisis de la descripción de los hechos que se le imputan al encausado, la conclusión que se impone es que el desarrollo de las actividades realizadas dentro de la Administración Nacional de Seguridad Social por el empleado público constituye un ‘ejercicio de la función pública’”, dijeron los camaristas en el voto mayoritario mientras que Gemignani se limitó a opinar que el recurso debía ser declarado “inadmisible”.

Bortolotti, “abusando de su condición de empleado de la Udai San Miguel de la Administración Nacional de Seguridad Social, vía web, inició el 22 de abril de 2007 el trámite para el otorgamiento del beneficio jubilatorio de Nilda Hortensia Lorenzo y la inscripción de la totalidad de la deuda de autónoma de ella en moratoria”, para lo cual habría adulterado la fecha de nacimiento de la mujer.

También se denunció que el empleado “infiel” habría cobrado “por la gestión y obtención del trámite jubilatorio la suma de quinientos pesos conforme lo pactaran antes de inicio del trámite” y otra maniobra similar con Lidia Boguryn, a quien “ocultándole su condición de empleado de la ANSES” le habría prometido que “tramitaría su jubilación a cambio de la suma de mil quinientos pesos correspondientes a los tres primeros haberes que percibiera la beneficiaria”.