El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Mántaras, rechazó un planteo de la Cámara de Hoteles porteña, que planteó una excepción en relación con la ley que crea el Plan de Evacuación y Simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de explosión.

El pedido estaba vinculado con los denominados “hoteles familiares”, muchos de los cuales son utilizados por el propio Gobierno porteño para alojar a grupos de bajos recursos o indigentes, con el argumento de que “por falta de personal suficiente, no estaban obligados a cubrir la totalidad de los roles establecidos por la ley”.

La Cámara de Hoteles y Afines de la Capital Federal había pedido la excepción para la aplicación de la medida de seguridad, que es “de aplicación obligatoria en edificios públicos y privados con atención al público”.

La ley establece que las evacuaciones o simulacros deben estar a cargo de “un grupo director (integrado por un Director de Evacuación, un Jefe Técnico y un Jefe de Seguridad) y un grupo de emergencia (constituido por un Responsable de Piso, su Suplente y un Grupo Control del incendio o siniestro)”.

La Cámara adujo que en los hoteles familiares se alojan “personas de menores recursos (con una rotación bastante intensa) y son atendidos por sus dueños o contaban con una persona encargada de varias tareas”, por lo que cumplir con lo que establece la ley sería virtualmente imposible sin alterar significativamente la estructura de costos.

El juez Mántaras rechazó el planteo en tanto formulaba un reclamo colectivo, aunque dejó abierta la posibilidad a que cada hotel familiar exponga sus propias razones y obtenga, eventualmente, una excepción.